¿QUE ES EL GOBIERNO ABIERTO?

 
En la actualidad, gracias al avance tecnológico en redes de comunicación, la sociedad se ha inclinado hacia una interconexión casi permanente a través de dispositivos móviles. Es así que se procura que los trámites, en los casos que su naturaleza lo permita, se realicen de manera digital, dejando en el pasado lo analógico.
A la hora de realizar una búsqueda de información pública, se evidencia una mejora de procesos que permiten que los datos sean más accesibles y el usuario tenga una experiencia más amigable. La información pública está disponible a través de portales webs de instituciones públicas que permiten, en el mejor de los casos, su descarga directa, y en el peor, es necesario enviar una solicitud a través de correo electrónico.
Por otro lado, los mecanismos de participación ciudadana se han consolidado como un accionar clave para el desarrollo nacional, mismos que también se han visto beneficiados con el desarrollo del entorno digital. En este sentido, el que las personas tengan la posibilidad de estar conectados a una red, obteniendo información sobre cambio de políticas, hitos del gobierno, casos de corrupción, entre muchas otras cosas de manera inmediata, permite que estos eventos sean analizados, comentados, y reportados en caso de no satisfacer sus necesidades como sociedad.
Estos son sólo algunos ejemplos aplicados de cómo el gobierno abierto busca que los procesos públicos estén a disposición de toda la ciudadanía. La simplificación y digitalización de trámites, la publicación de datos abiertos y la rendición de cuentas forman parte de los pilares claves en el modelo de gobierno abierto.


¿Qué es gobierno abierto?
Las definiciones de gobierno abierto son variadas y contemplan diferentes perspectivas, sin embargo, todas presentan un punto de convergencia en cuanto a la relación que se establece en el cambio de paradigma de gestión pública, y el aporte al fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas, y participación ciudadana. De hecho, para la constitución del gobierno abierto, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto establece como pilares fundamentales a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas Públicas, Participación Ciudadana, Colaboración e Innovación Pública y Ciudadana.
Para Calderón, gobierno abierto es: “Aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente” (Calderón C. y Lorenzo S., 2010)
Cruz-Rubio en su artículo “¿Qué es (y que no es) gobierno abierto?“, en el que realiza una revisión de una serie de conceptos del tema, concluye definiéndolo como “(...) una filosofía político administrativa, un nuevo paradigma o modelo de interacción sociopolítica que -basado firmemente en los valores y principios de transparencia, de la democracia participativa y empoderamiento ciudadano, de la rendición de cuentas, el open data y del uso de avances tecnológicos, y en la conformación de gobiernos como plataformas que promueven la colaboración e interacción– se constituye como un modo y/o estrategia para el diseño, implementación, control y evaluación de políticas públicas y para  procesos de modernización administrativa, y que ubica al ciudadano en el centro de  atención y de prioridad, ofreciendo así una alternativa para la gestión de lo público. Como filosofía político administrativa, es pues diferenciable respecto de otras estrategias o filosofías político-administrativas existentes.” (Cruz-Rubio N., 2015)

Las definiciones antes expuestas presentan algunos puntos en común, en primer lugar, se habla que es un cambio de paradigma de gestión pública, ya que, busca cambiar el ideario de que el gobierno es un ente hermético y apartado de la sociedad, a una institución que promueve la apertura de sus funciones y procesos.
Como segundo punto se menciona que está íntimamente relacionado con la transparencia y rendición de cuentas, debido a que, promueve políticas y mecanismos con el fin de que las decisiones emitidas por el sector público sean debidamente sustentadas para evitar irregularidades.
En tercer lugar, el gobierno abierto busca facilitar y promover la participación ciudadana, ya que considera que la ciudadanía será la principal beneficiaria de poder inmiscuirse y realizar veeduría a raíz de que las instituciones públicas estén bajo una política de apertura.
El gobierno abierto busca mejorar el accionar gubernamental mediante la transparencia en la gestión de la administración pública y la colaboración de la ciudadanía sin distinción, con el propósito de hallar soluciones a problemáticas de interés público. (Secretaría de Planificación, s.f. a)
Es así que, entendemos el gobierno abierto como un modelo de gobierno que se construye a través de la transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de facilitar los canales de participación ciudadana para la toma de decisiones.
Antes de continuar con el módulo, es importante tener presente que en la actualidad se busca no sólo hablar de gobierno abierto, sino de estado abierto. El estado abierto según Oszlak se define como “la voluntad formalmente expresada por parte de gobiernos, Parlamentos, cortes de justicia, organismos de control público u otras instituciones estatales o paraestatales de promover la apertura de sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía”(Oszlak O., 2013, citado en Oszlak O., 2017, p. 212)


Estado abierto

A diferencia del concepto de gobierno abierto, el estado abierto busca alcanzar una colaboración entre todos los poderes del estado, instándolos a colaborar mutuamente y coordinar su actuación bajo una dirección de apertura en común.
Si bien, para realizar una transformación de gobierno abierto a estado abierto hace falta algunas aclaraciones conceptuales por parte de las entidades internacionales encargadas, Oszlak identifica algunas diferencias pueden nutrir y ayudar en este proceso

“Aspira a la implantación de un modelo, paradigma o filosofía de gestión pública que extiende los principios consagrados del gobierno abierto a la totalidad de los órganos, programas, proyectos y asignaciones de recursos que componen el sector público estatal y no estatal.
Se propone reforzar los frenos, contrapesos y controles mutuos entre los diferentes poderes del Estado, tal como lo prevén los principios clásicos de la democracia representativa.
Busca, sin embargo, involucrar activamente a la ciudadanía en todas las etapas de la gestión estatal, incluso en el diseño de las políticas públicas, en la coproducción de bienes y servicios, y en el seguimiento, control y evaluación de la actuación de los distintos poderes, instituciones y programas estatales, con lo cual apunta en la dirección de una democracia deliberativa.
Aprovecha los avances de las TIC para promover la vinculación entre Estado y ciudadanía, pero trasciende la idea de gobierno electrónico, en tanto podría prescindir totalmente de estas tecnologías sin perder su esencia, característica que comparte con la noción de gobierno abierto.
Por último, refuerza potencialmente uno de los principios menos populares del gobierno abierto, la colaboración, en tanto comprometería a todos los poderes del aparato estatal a asistirse mutuamente y a coordinar su actuación conjunta en una dirección filosófica común.”(Oszlak O., 2017, p. 227)


Pilares del gobierno abierto

El gobierno abierto es un modelo de gestión que se basa en la transparencia, rendición de cuentas, la participación ciudadana para la toma de decisiones y la colaboración e innovación pública y ciudadana.
Estos conceptos que conforman el gobierno abierto son los pilares que sostienen este modelo, y la conjugación de estos son necesarios para que se alcance de manera correcta lo promovido por esta forma de gobierno

Transparencia y Acceso a la Información Pública
La transparencia deberá orientar la relación de los gobiernos y administraciones públicas con las y los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos. La transparencia implicará dos ámbitos cruciales: el derecho de acceso a la información que está en poder de las instituciones públicas y que puedan solicitar las personas, y también la obligación de los gobiernos de poner a disposición de la ciudadanía, de forma proactiva, aquella información que den cuenta de sus actividades, del uso de los recursos públicos y sus resultados, con base en los principios de la publicidad activa, tales como la relevancia, exigibilidad, accesibilidad, oportunidad, veracidad, compresibilidad, sencillez y máxima divulgación.

Rendición de Cuentas Públicas
Se basa en las normas, procedimientos y mecanismos institucionales -como deber legal y ético- que obligan a las autoridades gubernamentales a fundamentar sus acciones y asumir la responsabilidad sobre sus decisiones, responder oportunamente e informar por el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados, y por los resultados obtenidos en el cumplimiento del mandato conferido.

Los sistemas de rendición de cuentas estarán vinculados a la idea de la responsabilidad pública, que supone la capacidad de dar respuesta y dar cumplimiento del mandato público conferido en cualquier sistema democrático, empoderando con herramientas de seguimiento y fiscalización a la sociedad civil y a la ciudadanía en su conjunto.

Participación Ciudadana
La participación ciudadana como pilar deberá permitir no solo la construcción social de las políticas públicas, sino también el aumento de las capacidades ciudadanas en el seguimiento y control de las mismas. Asimismo, los países velarán por que todo proceso de participación ciudadana garantice espacios  de mayor igualdad y pluralismo social. Y, tomarán en cuenta al menos tres elementos básicos para su promoción: 1) identificación y creación de incentivos para la participación y reducción de los costos indirectos o las barreras asociadas; 2) construcción de las capacidades necesarias para que los ciudadanos participen de forma eficiente y efectiva; y 3) producción y publicación de información completa, imparcial, oportuna y entendible, capaz de resumir de manera sencilla las diferentes dimensiones del desempeño del Estado, así como informar claramente a la ciudadanía sobre sus derechos y el uso de los mecanismos de participación existentes.

Se reconoce la existencia de distintos niveles de participación: informativo, consultivo, decisorio y de cogestión o coproducción, dentro de los cuales las instituciones públicas deberán identificar aquellos mecanismos o medios que garanticen una mayor democratización, eficiencia y efectividad de sus decisiones y acciones, privilegiando el desarrollo de las formas de participación colaborativas por encima de las meramente consultivas.

Colaboración e Innovación Pública y Ciudadana
Se entiende como la generación de nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo que favorezcan la co-creación de iniciativas y coproducción de nuevos servicios públicos.

Ello supone por un lado, el promover nuevos enfoques, metodologías y prácticas para potenciar y fortalecer la innovación al interior de las instituciones públicas y favorecer la colaboración con otros actores de la sociedad, el sector privado, las organizaciones del tercer sector, entre otros.

Por otro lado, supone reconocer las capacidades disponibles en la propia sociedad y los beneficios que estos pueden aportar en el diseño e implementación de políticas públicas, dejando atrás el enfoque de una ciudadanía receptora pasiva de acciones institucionales, para convertirse en protagonista y productora de sus propias soluciones.


Alianza para el gobierno abierto


La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) es un organismo internacional que reúne a gobiernos y líderes de la sociedad civil para crear planes de acción territoriales nacionales y locales, que garanticen que los gobiernos sean más transparentes y fomenten la participación ciudadana (Ponce C., Alarcón M., Espinel M., 2018).

OGP está activo desde el 20 de septiembre de 2011, se formó con ocho gobiernos fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos) y hasta el momento ha crecido a 78 países miembros y 76 jurisdicciones locales (Open Government Partnership, s.f. a).

OGP funciona a través de un Comité Directivo (SC por sus siglas en inglés), que es el órgano ejecutivo y de toma de decisiones de la Alianza. Su objetivo es promover el cumplimiento de los principios e intereses de OGP, y supervisar el funcionamiento de la Alianza a través de políticas y reglas institucionales.

El Comité está compuesto por 22 miembros, 11 de gobiernos nacionales y 11 de la sociedad civil, que trabajarán en un período de tres años (el período inicia el 1 de octubre del año que son elegidos) y sólo podrá servir hasta dos períodos consecutivos. En 2021, el comité es liderado por el Gobierno de la República de Corea y María Baron (Directora ejecutiva de Directorio Legislativo)  representando a la sociedad civil (Open Government Partnership, s.f. a).